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A RÍO REVUELTO…, GANANCIA DE RIO BLANCO

A RÍO REVUELTO…, GANANCIA DE RIO BLANCO
Por: Javier Jahncke – Área DESCA/FEDEPAZ
Lima, 20 de noviembre 2009

Los intereses que han surgido alrededor de los lamentables sucesos acontecidos en el campamento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz S.A.) el pasado 1º de noviembre, han generado que la muerte de tres personas sea penosamente utilizada, para lograr objetivos que de otra manera no hubiesen sido posibles.

Es así como se pretende confundir a la opinión pública, al gremio minero e incluso al propio gobierno (eso queremos creer) a través de algunos medios de comunicación, sobre la situación legal de la empresa  minera. Al respecto, el gremio minero se ha pronunciado ante la opinión pública, indicando que “el Gobierno (…) haga prevalecer el principio de autoridad y las leyes en todo el territorio de la República”.

Justamente eso es lo que esperan desde hace 6 años las comuneras y comuneros de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca), en cuyas propiedades se encuentra ubicado el campamento minero de la empresa Río Blanco, que los distintos Gobiernos “hagan prevalecer las leyes”, y hagan respetar su derecho de propiedad, pues la empresa no tiene permisos ni de ellos como propietarios ni del propio Ministerio de Energía y Minas para operar, y ésta no puede escudar su permanencia en la zona, en un permiso para remediar los daños ambientales ocasionados en las tierras (Rehabilitación Ambiental), que ahora exhibe, acción que puede ser realizada por un tercero, con el dinero que aporte la empresa, pues este permiso no puede afectar en modo alguno el derecho de propiedad de las comunidades.

De otro lado, el que se “haga prevalecer el principio de autoridad”, tampoco importa que las fuerzas especiales de la DIVINCRI, que se han trasladado desde Piura y Lima hacia Huancabamba para encargarse de las investigaciones, efectúen detenciones arbitrarias y torturas contra campesinos, con el fin de incriminarlos en los lamentables hechos del 1º de noviembre. Se quiere hacer ver que son los comuneros y ronderos los que mantienen amenazadas a las autoridades. Pero, es justamente al revés. Son ellos los que se encuentra amedrentados y atemorizados con las recientes acciones, pues hasta la fecha tienen más de 100 procesos penales iniciados en su contra por la empresa minera, sus representantes o favorecidos, los que incluyen más de 300 personas procesadas, además de los que tienen denuncias injustificadas en su contra en el Ministerio Público.

Ahora, como corolario, dado que la empresa no puede tener los permisos para funcionar, se acuerda entre el Primer Ministro, los Ministros del Interior y de Energía y Minas,  el Presidente Regional de Piura y el Gerente General de la empresa  minera Rio Blanco Copper S.A., el instalar una base militar, que en la práctica permitiría que funcione de manera ilegal.

En ese sentido, podemos observar que quien ha explotado indebidamente la penosa situación de violencia, e incluso ha tenido una estrategia para hacerlo, ha sido la empresa minera Rio Blanco Copper S.A.

Finalmente, lo que seguimos esperando, son los resultados de una investigación seria, imparcial y respetuosa, para que no se continúe violando los derechos fundamentales de las comunidades y sus miembros; que esclarezca  las 3 muertes producidas, y de esta forma no queden en la impunidad, como hasta la fecha si viene ocurriendo con la muerte de dos comuneros muertos en los años 2004 y 2005 en las cercanías del campamento minero, mientras exigían el respeto de la propiedad comunal.

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